El Gobierno reveló un gasto de $60 millones para el primer protocolo antipiquete, identificando a 14 organizaciones responsables. Manuel Adorni, vocero presidencial, enfatizó una denuncia por “extorsión y defraudación al Estado” contra ellas, incluyendo grupos como el Polo Obrero y La Dignidad.

La presentación judicial quedó en manos de Casanello y Pollicita. La línea 134 recibió 16.150 llamadas, señalando 1.200 incidentes relacionados. Se mencionan 32 personas denunciadas, mientras se evalúan costos operativos.