El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional es un nuevo programa de Facilidades Extendidas (EFF) por US$20.000 millones, firmado en abril de 2025. Este reemplaza al anterior programa fallido de 2018-2022 y establece metas fiscales, de reservas y reformas estructurales que el gobierno argentino debe cumplir a lo largo de 48 meses.

La primera revisión del acuerdo, que corresponde al monitoreo de los primeros tres meses de implementación, fue finalmente aprobada por el staff técnico del FMI luego de algunas demoras. Según fuentes oficiales, el retraso se debió a la negociación sobre la meta de acumulación de reservas, que fue afectada por la caída de precios internacionales y el gasto adicional en energía.

Pese a estos desafíos, el FMI consideró que Argentina logró cumplir la mayoría de los compromisos asumidos, incluyendo la reducción de la emisión monetaria, el orden fiscal y el control del gasto público. Si bien las reservas netas no se acumularon al ritmo esperado, el staff recomendó otorgar un waiver (dispensa) por ese desvío.

Posición del Gobierno argentino

Fuentes del Ministerio de Economía destacaron que esta aprobación es una señal de confianza del organismo internacional, y remarcaron que el programa mantiene sus objetivos pese al contexto global adverso. La ministra de Economía, aunque no habló en conferencia, filtró que el equipo económico "está conforme con el respaldo técnico del FMI y espera que el desembolso llegue antes de fin de mes".

Este desembolso por US$2.000 millones, que se destrabará tras la reunión del Directorio Ejecutivo, permitiría reforzar las reservas internacionales del Banco Central, sostener la estabilidad cambiaria y cumplir con pagos de deuda próximos.

Próximos pasos y riesgos

El próximo paso formal es la reunión del Directorio del FMI, que podría celebrarse el 31 de julio de 2025. Allí se validará la revisión técnica y se autorizará el giro del primer tramo de fondos. En simultáneo, Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de septiembre una reforma tributaria y una ley de modernización laboral, que también son observadas por el Fondo.

Sin embargo, analistas advierten que la fragilidad política interna y la resistencia social a los ajustes podrían complicar las siguientes revisiones, especialmente si no mejora la situación social. Actualmente, la inflación ronda el 6,8% mensual, y aunque viene desacelerando, sigue siendo alta en términos regionales.