Un escándalo sacude a la Policía de Córdoba: el fiscal Guillermo González ordenó la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, actual jefe de la Policía Caminera. Está acusado de liderar una asociación ilícita y de otros graves delitos como coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia.

En el mismo operativo también fue detenido su hermano, el abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán, además de varios altos mandos como Leonardo Javier Torres (jefe de asesoría letrada), Martín Darío Heredia (comisario inspector de Caminera), Jorge Gutiérrez (Protección de Testigos) y el suboficial Dante Gabriel Villalba, junto a un civil: Gabriel Burkhard.

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Detuvieron al jefe de Policía Caminera, Crio. Gral. Maximiliano Ochoa Roldán por asociación ilícita, coacción, extorsión. Fue ordenado por el fiscal Guillermo González. A las 8.15 conferencia en Jefatura pic.twitter.com/jHXdyZqZAg

— Lucía González (@LuciaGonzlez) June 27, 2025

Las imputaciones una por una

El expediente N°13829298 detalla que Maximiliano Ochoa Roldán enfrenta cargos por "Coacción", "Extorsión", "Asociación Ilícita en calidad de jefe", "Peculado de servicios", "Enriquecimiento ilícito" y "Encubrimiento por omisión de denuncia". Burkhard fue imputado por delitos similares y señalado como organizador dentro de la supuesta red delictiva.

Todos los detenidos y sus roles
Además del director de la Caminera y su hermano, los imputados son:

• Leonardo Torres (asociación ilícita, miembro).

• Martín Heredia (asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y encubrimiento).

• Jorge Gutiérrez (asociación ilícita y peculado).

• Dante Villalba (coacción, peculado y asociación ilícita).

• Gabriel Burkhard (coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito y organizador de asociación ilícita).

Allanamientos simultáneos

Se llevaron a cabo 11 allanamientos en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín. Los operativos incluyeron domicilios particulares, estudios jurídicos y también oficinas dentro de la misma Jefatura de Policía. En todos los lugares se buscó documentación, computadoras y otros elementos relacionados con los hechos investigados.

Según la hipótesis del fiscal, el grupo "utilizó información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial". Con esos datos, habrían realizado "negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumido defensas penales y fijado honorarios según antecedentes prontuariales", todo con el fin de obtener beneficios económicos.

También se investiga el uso de personal y recursos públicos para actividades ajenas al deber. Por ejemplo, choferes de la Jefatura eran usados para fines privados. El delito de peculado de servicios apunta precisamente a ese abuso, donde bienes del Estado eran desviados para actividades personales o irregulares.

"Por el momento y conforme el avance de la investigación que se lleva a cabo, existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva...", indicaron fuentes judiciales. "...compuesta por efectivos policiales que cuentan con el título de abogado, un civil y abogados particulares".

El expediente aún se encuentra en una etapa inicial, según la Fiscalía. "En virtud de ello, aún la causa se encuentra en incipiente estado de investigación por lo que resta analizar un nutrido caudal probatorio y no se descartan nuevas imputaciones", agregaron. Esto indica que podría haber más implicados en las próximas semanas.