Una nueva decisión judicial de Estados Unidos complica aún más el panorama legal de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, desde el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó suspender la orden que exige entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal. Esa medida había sido solicitada por la defensa argentina tras apelar el fallo de fondo, pero fue denegada. El plazo original de 14 días para entregar las acciones vencía este lunes 14 de julio.

Fundamentos del rechazo y duras críticas

La jueza explicó en su dictamen que "si bien es cierto que otras partes se ven afectadas por la orden de entrega del Tribunal, los demandantes tienen derecho a cumplir su sentencia no suspendida". Además, fue dura con la estrategia legal argentina al afirmar que "la República ha abusado de las adaptaciones del Tribunal y, por lo tanto, no se le concederán otras adicionales". La decisión se comunicó a través de un escrito de cuatro páginas. Aun así, la jueza otorgó tres días más, hasta el 17 de julio, para que las partes recurran a una instancia superior.

"En consecuencia, por las razones expuestas, se deniega la solicitud de la República de una suspensión adicional. La suspensión actual se extiende hasta el 17 de julio de 2025 con el único propósito de dar a las partes tiempo adicional para solicitar una reparación ante el Tribunal de Apelaciones", concluyó la jueza. La Procuración del Tesoro, liderada por Rodolfo Barra, aseguró que ya están trabajando en "todos los escenarios posibles" ante el revés judicial. Desde ese organismo aclararon que Argentina aún no está en desacato.

La defensa argentina se justifica

"Cabe destacar que la Argentina no se encuentra incumpliendo la orden, ya que la propia Preska otorgó tres días más para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones", dijeron fuentes oficiales. Los principales beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que en 2023 obtuvieron una sentencia favorable de Preska por la expropiación del 51% de YPF realizada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La cifra fijada como indemnización fue de US$16.100 millones más intereses.

También figura como beneficiario el fondo Bainbridge, que recibiría acciones como parte del pago de un juicio anterior, derivado del default de 2001, donde Argentina debe abonar cerca de US$100 millones. Aunque esa causa está cerrada, la del caso YPF continúa en proceso de apelación. Burford, el fondo que compró los derechos de litigio en la quiebra de Petersen Energía, y Eton Park solicitaron que no se acepte ninguna suspensión de la sentencia, o en su defecto, que se imponga una fianza multimillonaria.

Lo que viene: jueces, audiencia y espera

Ahora, resta que se designe el tribunal de tres jueces que integrará la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Las tres partes del conflicto, el Estado argentino, YPF y los demandantes, ya entregaron todos los escritos formales. Lo que queda pendiente es la confirmación de los magistrados y la fijación de la audiencia, que sería en los próximos meses. El proceso sigue abierto, pero el riesgo de sanciones o ejecución inmediata está más latente que nunca.

La estrategia jurídica de la Argentina

La defensa argentina expuso ante el tribunal tres argumentos principales. Primero, que se trata de "un caso sin precedentes", no de una disputa comercial ordinaria, sino de un proceso con múltiples implicancias legales. Segundo, que el cumplimiento inmediato del fallo generaría un "daño irreparable", ya que requeriría la aprobación del Congreso Nacional para transferir acciones, algo que no está garantizado. Y tercero, que mantener el statu quo "no generaría perjuicio a los demandantes", pero sí protegería intereses de terceros, como las provincias y los bonistas.

La respuesta de los demandantes

Por su parte, los fondos demandantes acusaron al Estado argentino de haber demorado intencionalmente la ejecución del fallo durante más de ocho años. "Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal", escribió el abogado Paul D. Clement, representante legal de los fondos. Desde la sentencia dictada en septiembre de 2023, Argentina ha buscado frenar o postergar el pago, sin éxito en esta etapa.

El origen del conflicto: la expropiación de 2012

El núcleo del conflicto se remonta a la decisión del gobierno argentino de 2012, cuando nacionalizó sin indemnización previa el 51% de YPF en manos de Repsol. Si bien el Estado luego acordó una compensación con la empresa española, los accionistas minoritarios no fueron contemplados, y eso originó la demanda internacional. Burford compró en España los derechos de litigio a un precio muy inferior y hoy lidera la ofensiva judicial más costosa que enfrenta el país en el exterior.