El presidente Javier Milei presentó en las últimas horas un escrito de defensa ante la Justicia Federal de La Plata en el marco de la demanda impulsada por la familia de Ian Moche, un adolescente de 12 años con autismo. El conflicto judicial se originó por una publicación en la red social X (ex Twitter) que, según la familia, resulta agraviante y cuya eliminación fue solicitada judicialmente. El mandatario, sin embargo, ratificó que no piensa borrar el mensaje.

El argumento presidencial 

En su presentación, Milei sostuvo que la cuenta @JMilei "no es un canal oficial del Poder Ejecutivo, sino personal" y que lo expresado allí "está amparado por la libertad de expresión". Remarcó que "ostentar un cargo público no convierte automáticamente en acto estatal todo lo dicho en su vida personal o digital" y aseguró que su crítica "no estaba dirigida a Ian Moche, sino al periodista Paulino Rodrigues", a quien llamó "Pautino" y acusó de "operar en contra del gobierno".

El Presidente también definió la demanda como un ejemplo de "cultura de la cancelación", a la que calificó como "un fenómeno global que atenta contra la libre expresión". En el mismo escrito, describió a Ian Moche como "activista" y "personalidad pública", por lo que, a su criterio, "debe tolerar el debate y las críticas". La Procuración del Tesoro de la Nación respaldó esta postura, insistiendo en que la cuenta de Milei tiene un carácter estrictamente personal.

La respuesta de la familia 

Por su parte, el abogado de la familia Moche, Andrés Gil Domínguez, cuestionó duramente los argumentos presidenciales y señaló una contradicción: "Fijó su domicilio legal en la Residencia Presidencial de Olivos, asumiendo su rol de Presidente y no de mero particular". Además, subrayó que "la libertad de expresión protege a los particulares frente al poder, no al revés, y menos aún si se trata de un niño con autismo". El letrado calificó de "cinismo" la postura del mandatario, afirmando que "una disculpa o la eliminación del posteo hubiera sido suficiente si no fuera agraviante, algo que nunca aconteció".

El caso plantea un debate clave sobre los límites de la expresión digital y el carácter de las cuentas verificadas de funcionarios en redes sociales. El fallo del juez podría sentar jurisprudencia para situaciones similares, como el reciente escándalo cripto vinculado a $Libra. Ahora, la resolución final está en manos del magistrado, quien deberá evaluar los argumentos presentados en esta disputa judicial que enfrenta a la familia de un menor con el propio Presidente de la Nación.