La empresa Uber volvió a expresar su preocupación por la ordenanza que se discute en el Concejo Deliberante de Córdoba, la cual propone limitar a 3.998 la cantidad de licencias para vehículos de plataformas digitales. Según la compañía, esto dejaría fuera al 77% de los conductores activos, generando un fuerte impacto social y económico. Durante el primer trimestre de 2025, más de 20.000 personas manejaron al menos una vez al mes con Uber en la ciudad.

Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones para el Cono Sur, sostuvo que "este no es un problema para Uber, es un problema para Córdoba". Según sus palabras, si se aprueba la normativa tal como está, cuatro de cada cinco conductores quedarían excluidos. Esto afectaría directamente a quienes manejan de forma ocasional y complementan sus ingresos con la app. "Eso significa más desempleo, menor disponibilidad, mayores precios y más espera para los usuarios", explicó.

Los datos de Uber indican que el 77% de los choferes activos en Córdoba lo hace menos de 20 horas semanales, como una actividad secundaria. "Ese es el segmento que desaparecería si se limita la cantidad de vehículos. Solo podrían seguir los que usan el auto todo el día, como un trabajo de tiempo completo", advirtió Labaqui. Además, la empresa calcula que quienes conducen entre 10 y 15 horas semanales ganan unos 130.000 pesos netos por semana.

Pérdida de ingresos y un impacto directo en la economía familiar 

La empresa también defendió su contribución fiscal. "Entre 2023 y lo que va de 2025 tributamos más de 1.300 millones de pesos en ingresos brutos por servicios digitales en Córdoba", remarcó Labaqui. Y agregó: "Ese número no es un invento, está en los cedulones de cada mes. Refleja la actividad real, no una estimación. Son interacciones que generan impuestos". La compañía además denunció que no fue convocada a debatir el proyecto.

La app estima que en el mismo período, cerca de 400.000 usuarios utilizaron la plataforma en la ciudad. "Cada viaje implica un conductor y un pasajero. Esa es la interacción que sostiene la economía del sistema. Si mantenés esa demanda y achicás la oferta, se disparan los precios. No lo decide Uber, así funcionan todas las plataformas", dijo el vocero, advirtiendo también que esto ya ocurrió en otras ciudades del mundo.

El vocero insistió en que los mayores perjudicados serán los usuarios: "Habrá mayor tiempo de espera y menor disponibilidad, sobre todo en zonas alejadas del centro. En vez de que el auto esté a cinco minutos, va a estar a 15 o directamente no va a aparecer". También señaló que el proyecto propone requisitos técnicos estrictos que excluyen a miles de choferes, como exigir modelos desde 2015 y habilitaciones complejas de conseguir.

Uber lamentó no haber sido incluida en el debate. "No participamos de ninguna instancia previa. Nadie nos pidió información, ni nos sentaron en una mesa. Aun después del fallo del Tribunal Superior de Justicia, buscamos abrir un canal de diálogo con el municipio y no prosperó", denunció Labaqui. Frente a eso, la empresa lanzó una campaña pública y encargó una encuesta local para conocer la opinión de los usuarios cordobeses.

"Lo que queremos es un debate abierto, con datos, con especialistas, con usuarios y con los propios conductores", sostuvo Labaqui. Uber también participará en un evento junto a la Fiscalía del barrio Maldonado para demostrar su colaboración con las fuerzas de seguridad. "La seguridad no la da una ordenanza. Las herramientas ya existen y funcionan. Lo que necesitamos es una regulación clara y justa", insistió el vocero.

Si bien Uber asegura estar a favor de las regulaciones, cuestiona el contenido del proyecto. "No estamos en contra de las reglas. Lo que decimos es que esta ordenanza, tal como está, genera un daño innecesario. Nunca vimos que se proponga un cupo tan por debajo de la actividad actual. Eso no es ordenar, es retroceder", expresó Labaqui. La empresa pidió una pausa para repensar el artículo 9 de la norma, que fija el cupo.

La ordenanza impulsada por el oficialismo incluye un registro digital obligatorio, requisitos técnicos para los vehículos, y la fijación de una tarifa mínima igual al pasaje urbano (actualmente $1.580). También contempla el límite de 3.998 vehículos, lo que encendió las alarmas de Uber y de los choferes. La propuesta será tratada en el recinto en la primera sesión de agosto, según anticipó el viceintendente Javier Pretto.