La Argentina volvió a defender su soberanía energética en uno de los frentes judiciales más delicados de los últimos años. Horas atrás, presentó formalmente su apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York para evitar entregar el 51% de las acciones que el Estado posee en YPF, una exigencia de la jueza Loretta Preska tras el fallo que condenó al país a pagar más de USD 17.500 millones.

El Gobierno nacional solicitó que se mantenga la suspensión de la medida de forma definitiva y sin condiciones, es decir, sin necesidad de poner garantías. Lo hizo con el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se presentó como amicus curiae y apoyó el argumento de que esa orden viola la inmunidad soberana argentina.

Lo que se juega Argentina

Entre los puntos centrales, el país aseguró que las acciones están en territorio argentino, que no fueron usadas en actividades comerciales en EE.UU. y que su entrega forzosa implicaría un daño irreparable: se perdería el control estatal sobre la principal petrolera del país. Además, argumentó que la ley nacional impide vender esos títulos sin aprobación del Congreso.

Los caminos posibles son tres. El mejor: que la Corte suspenda la entrega y habilite a seguir con la apelación. Uno intermedio: que lo permita, pero exija garantías. El peor: que rechace el pedido y quede firme la orden de Preska. En ese caso, el Estado ya avisó que apelará ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Burford presiona, el Estado resiste

Burford Capital, el fondo que compró el litigio, criticó la postura estadounidense y pidió garantías para asegurarse el cobro. Sin embargo, aclaró que no busca quedarse con YPF. La Argentina, por su parte, reiteró que continuará defendiendo "con firmeza jurídica y respeto por la soberanía" su posición, mientras espera una resolución clave en los próximos días.