La reciente modificación de la Ley de Glaciares reconfigura el escenario ambiental y productivo en Mendoza, una de las provincias clave dentro del mapa minero argentino. El cambio central radica en limitar la protección estricta solo a aquellas zonas con "función hídrica comprobada", lo que abre un nuevo margen de acción sobre territorios antes resguardados.

Los cambios en la ley de Glaciares

El nuevo enfoque de la Ley de Glaciares implica un giro respecto del esquema anterior, que establecía una protección amplia y preventiva. Ahora, muchas áreas periglaciares y glaciares de escombros -reservas estratégicas de agua- podrían quedar sujetas a evaluaciones específicas, lo que genera expectativas en sectores productivos y preocupación en ámbitos científicos.

Uno de los puntos más relevantes para Mendoza es el mayor poder otorgado a las provincias. A partir de esta reforma, será el propio gobierno provincial el que defina qué zonas deben protegerse y bajo qué criterios, fortaleciendo el concepto de federalismo ambiental que impulsa la Nación.

En paralelo, el sistema de control de la ley de Glaciares también cambia: se deja atrás el esquema de prohibiciones generales para pasar a evaluaciones de impacto ambiental caso por caso. Esto habilita potenciales proyectos en áreas antes vedadas, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos.

El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse. Mientras el oficialismo destaca las oportunidades económicas y de desarrollo, sectores ambientales advierten sobre riesgos para la seguridad hídrica. En Mendoza, donde el agua es un recurso crítico, la aplicación concreta de la ley será determinante para definir el equilibrio entre producción y sustentabilidad.