El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto que busca adaptar la normativa sobre transporte a través de aplicaciones como Uber y Cabify. La iniciativa apunta a reforzar los controles sobre las plataformas y, al mismo tiempo, incentivar la incorporación de vehículos eléctricos como parte de una política de movilidad sustentable en línea con el Plan Integral de Movilidad 2030.

El proyecto para las regulaciones de Uber y Cabify

El texto propone cambios en las leyes provinciales 9086 y 7412 que regulan Uber y Cabify. Entre ellos, se incluye la prohibición de que las Empresas de Redes de Transporte realicen publicidad que promueva incumplir la ley. Además, se amplían las sanciones: el Ente de la Movilidad Provincial (EMoP) podrá suspender a una plataforma hasta por dos años, aplicar multas y hasta inhabilitarla de manera definitiva en casos graves o reiterados.

Uno de los ejes centrales es el incentivo ambiental: los conductores que utilicen autos eléctricos estarán exentos de algunas restricciones vigentes, como la limitación de permisos o la obligación de ser titulares del vehículo. La propuesta busca estimular la inversión en unidades no contaminantes y acelerar la transición hacia un esquema de transporte más limpio.

El proyecto también endurece los controles administrativos y técnicos de Uber y Cabify. Las multas del EMoP deberán abonarse de inmediato para poder iniciar cualquier recurso judicial, y se establecen revisiones más estrictas para los vehículos: las unidades con más de diez años deberán pasar la RTO cada 60 días. Además, se limitó la antigüedad máxima a siete años para ingresar al servicio y a cinco años para las nuevas incorporaciones en las plataformas.