La causa por el fentanilo contaminado dio un giro decisivo con la detención de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A., señalado como el principal responsable de los lotes adulterados que provocaron casi un centenar de muertes en todo el país. El juez federal Ernesto Kreplak ordenó su arresto tras un operativo que también alcanzó a sus hermanos, su madre y la cúpula de ambas farmacéuticas.

El procedimiento incluyó diez allanamientos simultáneos y la intervención de la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La estrategia judicial fue clara: avanzar de manera escalonada para garantizar que toda la cadena de mando quedara bajo custodia. De este modo, se selló un golpe a la estructura que manejaba la producción y distribución del fármaco.

El nexo entre el fármaco y las muertes

El Cuerpo Médico Forense tuvo un papel clave en la decisión de Kreplak. Un informe reciente determinó que en al menos 12 de 20 autopsias revisadas, el fentanilo contaminado fue un "nexo concausal" en los fallecimientos. Es decir, las bacterias presentes en los lotes 31.202 y 31.244 agravaron cuadros clínicos y aceleraron desenlaces que pudieron ser distintos en otras condiciones sanitarias.

Para los fiscales, el caso constituye un episodio de criminalidad compleja en el corazón de la industria farmacéutica argentina. Los desvíos de calidad y las fallas de control en la elaboración del opioide mostraron la fragilidad de un sistema que debería tener los máximos estándares de seguridad. La magnitud del daño puso en la mira tanto a los responsables directos como a los mecanismos de control estatal.

Repercusiones y próximos pasos

Las detenciones generaron un fuerte impacto político y judicial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo y aseguró que "se acabó la impunidad". Sin embargo, fuentes judiciales advierten que recién comienza la etapa más compleja: las indagatorias y la búsqueda de responsabilidades penales concretas en la cúpula del laboratorio.

Se espera que en los próximos días todos los detenidos declaren ante Kreplak, lo que podría definir nuevas imputaciones y ampliar el alcance de la investigación. El caso, que ya conmueve a hospitales y familias en todo el país, expone una trama de negligencia, negocios y omisiones que terminó con casi cien vidas perdidas.