La Justicia Federal ordenó el decomiso total de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y del empresario Lázaro Báez, en el marco de la Causa Vialidad. La resolución, firmada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, establece una incautación récord equivalente a $684.990 millones, tras la actualización de los valores por parte de peritos de la Corte Suprema de Justicia. Más sobre política argentina.

Un fallo con alcance histórico

La sentencia, que había quedado firme el 10 de junio de 2025, fijaba originalmente un decomiso por más de $84.800 millones, monto que fue actualizado en base a la valuación actual de los bienes y al informe pericial contable del máximo tribunal.
El decomiso incluye propiedades, cuentas bancarias, sociedades y activos vinculados a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos, y Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

El tribunal instruyó a las autoridades a tasar y ejecutar los bienes decomisados, priorizando aquellos en poder de los condenados o de sociedades identificadas como parte de la maniobra delictiva.

Qué argumentó la Justicia

El fallo señala que durante el período comprendido entre 2003 y 2015, el grupo de empresas controlado por Báez y vinculado a la familia Kirchner obtuvo beneficios económicos directos e indirectos mediante la adjudicación irregular de contratos de obra pública en Santa Cruz.
Según la resolución, el decomiso recae sobre los bienes que constituyen efectos, instrumentos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros, salvo que estos acrediten haberlos adquirido de buena fe y a título oneroso.

Las defensas de los condenados habían solicitado rechazar la medida, argumentando falta de nexo causal entre los bienes y los delitos, pero el tribunal ratificó la validez del decomiso, en cumplimiento de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción suscriptas por Argentina.

Qué pasará con los bienes decomisados

El Tribunal Oral Federal 2 comunicó la resolución a la Corte Suprema, que deberá definir el destino final de los inmuebles y activos incautados. La finalidad prioritaria, según el fallo, será la reparación del daño causado al Estado y a la sociedad.
Además, la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes o activos que puedan ser incorporados al proceso de decomiso mientras se ejecute la sentencia.