La Policía Ambiental Minera (PAM) es el organismo del Gobierno de Mendoza encargado de fiscalizar, inspeccionar y controlar que la actividad minera se desarrolle de acuerdo con la legislación ambiental, de seguridad e higiene vigente. Su tarea abarca todas las etapas del proceso minero, desde la exploración hasta el transporte y procesamiento de minerales, con la facultad de aplicar sanciones cuando detecta incumplimientos.

El organismo depende del Ministerio de Energía y Ambiente y fue creado formalmente mediante la Resolución 253/2024, que definió su estructura, objetivos y facultades. Aunque la Ley 7.722 ya contemplaba la figura de una Policía Ambiental Minera, recién en 2024 quedó conformada institucionalmente y comenzó a operar con una estructura específica destinada a la fiscalización del sector.

Qué funciones cumple la Policía Ambiental Minera

La PAM tiene competencia sobre toda la actividad minera desarrollada en la provincia, sin importar el tipo de mineral o la etapa en la que se encuentre cada proyecto.

Entre sus principales funciones se destacan la realización de inspecciones en minas subterráneas y a cielo abierto, el control de plantas de beneficio y procesamiento de minerales, la supervisión de maquinarias, equipos e instalaciones y la fiscalización del transporte de minerales, verificando que toda la documentación obligatoria se encuentre en regla.

Además, controla el cumplimiento de los Informes de Impacto Ambiental (IIA) y de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), verifica las declaraciones juradas de producción y de buenas prácticas mineras, e identifica posibles irregularidades ambientales o de seguridad, exigiendo su corrección inmediata.

Las facultades de los inspectores

Los inspectores de la Policía Ambiental Minera cuentan con amplias atribuciones para desarrollar sus tareas de control. Están habilitados para ingresar a establecimientos mineros, realizar inspecciones, labrar actas de infracción y disponer ceses preventivos de actividades cuando detectan situaciones que representen riesgos para las personas o el ambiente.

Asimismo, pueden solicitar el apoyo de la fuerza pública cuando resulte necesario para garantizar el cumplimiento de sus funciones o ejecutar medidas preventivas durante los operativos de fiscalización.

Un organismo orientado a la prevención y el control

El principal objetivo de la Policía Ambiental Minera es garantizar que la explotación de los recursos minerales se realice dentro del marco legal vigente, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad mediante controles permanentes.

Además de controlar, el organismo busca promover buenas prácticas en la industria, prevenir accidentes, asegurar la trazabilidad de los minerales extraídos y verificar que las operaciones desarrolladas por las empresas coincidan con la documentación presentada ante la autoridad minera.

La política oficial establece que la PAM debe actuar bajo principios de transparencia, mejora continua y protección del ambiente, priorizando la prevención de impactos antes que la aplicación de sanciones.

Más controles y mayor capacidad operativa

Durante 2025, la Policía Ambiental Minera fortaleció su capacidad de fiscalización mediante la incorporación de sistemas digitales de monitoreo, una sala de seguimiento de inspecciones y nuevas delegaciones en el sur de Mendoza.

Según datos oficiales, ese año el organismo realizó 570 inspecciones, ordenó 63 ceses preventivos de actividad y aplicó tres clausuras por incumplimientos detectados durante los controles.

A su vez, en 2026 la PAM fue incorporada al sistema provincial de comunicaciones TETRA, utilizado por organismos de seguridad y emergencias, con el objetivo de mejorar la coordinación de los operativos en zonas mineras de difícil acceso y fortalecer la capacidad de respuesta de los inspectores durante las tareas de fiscalización en terreno.