El Gobierno nacional implementó una actualización de la Ley de Inversiones Mineras con el objetivo de reducir la burocracia, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la eficiencia de la gestión pública. La medida fue oficializada mediante el Decreto 449/25, que introduce modificaciones en las leyes 24.196 y 24.466, vinculadas al régimen de inversiones mineras y al Banco Nacional de Información Geológica.

Los cambios buscan agilizar distintos trámites para las empresas del sector, manteniendo al mismo tiempo los beneficios previstos por la normativa, como la estabilidad fiscal por 30 años, incentivos tributarios y facilidades para la importación de bienes e insumos destinados a la actividad minera.

Los principales cambios en el régimen de inversiones

Uno de los ejes centrales de la reforma es la simplificación del sistema de verificación de inversiones realizadas y proyectadas por las compañías mineras.

Según explicó la Secretaría de Minería, el mecanismo vigente obligaba a completar formularios con más de 1.000 campos de información, de los cuales cerca del 80% no tenía respaldo legal. Con la nueva normativa, ese procedimiento será reemplazado por la presentación de un informe elaborado por un profesional independiente, reduciendo significativamente la carga administrativa para las empresas.

Otro cambio importante alcanza al régimen de estabilidad fiscal, considerado uno de los principales beneficios de la Ley de Inversiones Mineras. Hasta ahora, la emisión del certificado correspondiente demoraba aproximadamente un año, debido a la recopilación de información tributaria de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales.

A partir de la reforma, el certificado deberá consignar únicamente la fecha en la que queda garantizada la estabilidad fiscal, lo que permitirá acortar considerablemente los plazos para acceder a este beneficio.

Reorganización de la información geológica

El decreto también introduce modificaciones en la administración de la información geológica del país. El Banco Nacional de Información Geológica pasará a depender del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), organismo que ya desarrolla tareas relacionadas con el procesamiento y análisis de datos geológicos.

Con esta decisión, el Gobierno busca eliminar la superposición de funciones que existía entre la Secretaría de Minería y el SEGEMAR, centralizando la gestión de la información técnica en un único organismo especializado.

Además, las empresas inscriptas en el Régimen de Inversiones Mineras deberán incorporar al sistema la información geológica de superficie obtenida durante las tareas de exploración, con el fin de ampliar y fortalecer la base de datos administrada por el SEGEMAR.

El objetivo de la reforma

Desde el Gobierno nacional sostienen que estas modificaciones forman parte de un proceso de modernización normativa orientado a simplificar los procedimientos administrativos, optimizar los recursos del Estado y facilitar el acceso a los beneficios previstos por la legislación minera.

Pese a los cambios incorporados por el Decreto 449/25, la normativa mantiene los principales incentivos del régimen, entre ellos la estabilidad fiscal durante 30 años, beneficios impositivos y facilidades para la importación de maquinaria, equipos e insumos destinados al desarrollo de proyectos mineros.