El Gobierno de Mendoza reglamentó el uso de inmuebles de dominio provincial destinados a la actividad minera, con el propósito de ordenar la relación entre los derechos mineros y el patrimonio estatal, fortalecer la seguridad jurídica y generar un marco de mayor previsibilidad para las inversiones del sector.

La medida fija criterios específicos para las minas de primera, segunda y tercera categoría que desarrollan actividades sobre terrenos estatales. Según informó el Ejecutivo provincial, el objetivo es establecer reglas claras sobre las condiciones de ocupación, uso y aprovechamiento de los inmuebles pertenecientes a la Provincia, tanto para el Estado como para los titulares de los proyectos.

Qué cambia con la nueva reglamentación

Uno de los principales puntos de la normativa es que define con mayor precisión los derechos y obligaciones que corresponden a cada etapa de la actividad minera. Además, establece mecanismos para determinar cuándo un derecho minero se encuentra vigente, en qué situaciones corresponde el pago de una contraprestación por el uso de tierras fiscales y bajo qué condiciones esos inmuebles continúan afectados a la actividad.

Asimismo, el nuevo régimen incorpora un criterio de igualdad de condiciones entre quienes desarrollan proyectos sobre terrenos estatales y aquellos que operan en propiedades privadas, con el objetivo de evitar tratamientos diferenciados y garantizar reglas homogéneas para el aprovechamiento de los recursos minerales.

Canon de uso y criterios para cada categoría de mina

Para las minas de primera y segunda categoría, la reglamentación establece un canon de uso que se aplicará únicamente a los proyectos que hayan alcanzado la etapa de explotación y desarrollen sus actividades sobre inmuebles de dominio estatal.

En cambio, las etapas de prospección y exploración quedan excluidas del pago de ese canon, una decisión que busca no incrementar los costos en las fases de mayor riesgo e incentivar la búsqueda de nuevos recursos minerales.

En el caso de las minas de tercera categoría, la normativa incorpora parámetros objetivos vinculados a la producción, el tipo de mineral explotado y la superficie utilizada. También establece mecanismos de declaración y control destinados a fortalecer la transparencia y la trazabilidad administrativa de la actividad.

Un marco para impulsar inversiones

La reglamentación fue elaborada con la participación de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, la Fiscalía de Estado y otros organismos provinciales.

Desde el Gobierno de Mendoza señalaron que el nuevo esquema busca administrar de manera más eficiente el patrimonio público, al tiempo que genera condiciones más claras y previsibles para atraer nuevas inversiones mineras, promoviendo el desarrollo del sector bajo un marco jurídico definido.