Mendoza atraviesa un momento clave en el debate sobre la minería metalífera, aunque la discusión excede ampliamente la aprobación o rechazo de proyectos puntuales. En el fondo, lo que se pone en juego es la capacidad de la provincia para volver a gestionar una actividad minera de largo plazo, luego de más de veinte años sin minería metalífera de escala y sin acumulación sostenida de experiencia técnica local. Esa lectura aparece con claridad en la conversación con Alejandro Demonte, ingeniero civil y gerente de Knight Piésold, una firma internacional con base en Mendoza que trabaja en toda la cadena minera, desde la exploración hasta el cierre de proyectos.

Desde su experiencia, Demonte advierte que el desafío mendocino no es coyuntural sino estructural. "La minería es una realidad de la provincia, no tanto de la Nación; los grandes impulsores del desarrollo minero son los gobernadores", señala, una definición que permite entender por qué el proceso mendocino tiene tiempos, tensiones y complejidades propias. No se trata solo de habilitar o no proyectos, sino de reconstruir capacidades técnicas para gestionarlos de manera consistente en el tiempo.

La DIA como punto de partida y no de llegada

Uno de los puntos donde esa diferencia se vuelve más evidente es en la interpretación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En el debate público suele aparecer como una instancia final, cuando desde la mirada técnica es apenas el comienzo. "La DIA es como el día cero, dice mucho y no dice nada al mismo tiempo", explica Demonte, al remarcar que ese acto administrativo inicia una relación que puede extenderse durante 30, 40 o incluso 50 años.

A partir de allí comienzan etapas que rara vez ocupan el centro de la discusión: ingeniería de detalle, construcción, puesta en marcha, operación, controles permanentes y cierre de mina. Reducir la minería a una audiencia pública o a una votación legislativa, advierte, implica desconocer cómo funciona la actividad en la práctica. La sostenibilidad, subraya, no se define en un expediente, sino que "se verifica todos los días", en la operación concreta, en la estabilidad de las obras, en el manejo del agua y de los residuos, y en la capacidad de anticipar problemas antes de que se transformen en conflictos.

Veinte años sin minería y sin aprendizaje continuo

En ese recorrido, Mendoza carga con una particularidad adicional: dos décadas sin minería también fueron dos décadas sin aprendizaje técnico continuo. Demonte recuerda que la provincia supo ocupar un rol central en la exploración minera argentina, un lugar que se fue diluyendo con el tiempo. "En algún momento nos olvidamos de que Mendoza tenía el centro de la exploración minera del país, y eso se fue perdiendo", afirma.

La ausencia de proyectos de escala no solo frenó inversiones, sino que interrumpió la formación de profesionales, la consolidación de equipos técnicos y la acumulación de experiencia aplicada. Hoy, reconstruir ese capital aparece como una condición indispensable para cualquier avance. La minería moderna exige altos estándares técnicos, especialmente en geotecnia, hidrología, estabilidad de presas, manejo de colas y planificación de cierres, requisitos imposibles de cumplir sin equipos entrenados y empresas con capacidad real de implementación.

Capacidad local, licencia social y desarrollo a largo plazo

En ese contexto, Demonte subraya el valor de las empresas que decidieron mantener base en Mendoza durante los años de parálisis. "Hay compañías que se quedaron cuando no había desarrollo y hoy pueden aportar toda esa experiencia para que los procesos se hagan de la mejor manera posible", señala, destacando la importancia de contar con capacidades locales alineadas con estándares internacionales, que permitan evitar improvisaciones y elevar la calidad de los proyectos desde su diseño.

La misma lógica se aplica a la licencia social, uno de los ejes más sensibles del debate mendocino. Desde su mirada, no se trata de un trámite previo ni de un resultado definitivo. "La licencia no es una foto, es un proceso", sostiene, y depende de la transparencia, de la calidad de la información y de cómo se diseñan y operan las obras a lo largo del tiempo. En ese sentido, remarca que el nivel técnico de la minería a escala global hoy permite abordar cualquier inquietud con herramientas objetivas: "Cualquier pregunta o preocupación puede plantearse y resolverse desde la técnica, si hay voluntad de hacerlo".

Ese enfoque también atraviesa la discusión sobre proveedores y desarrollo local. Para Demonte, cerrar el sistema desde el inicio no es una solución. "El prohibir por prohibir no sirve; al principio se necesita un mix entre empresas con más capacidades y empresas locales, porque ahí es donde se da la transferencia de conocimiento", afirma. El objetivo, aclara, no es asistencialismo, sino "dejar herramientas reales para que la gente pueda capacitarse, trabajar y crecer".

Un desafío estructural para Mendoza

La conversación deja una conclusión clara: la minería no se define en un momento político puntual ni en un acto administrativo aislado. Se define en la calidad de la ingeniería, en la continuidad de los controles y en la capacidad de sostener procesos durante décadas. Para Mendoza, el desafío de fondo no es solo discutir proyectos, sino volver a aprender cómo se gestiona una minería de largo plazo. Sin esa reconstrucción técnica, cualquier avance será frágil; con ella, la provincia puede empezar a salir de una discusión estancada y encarar la actividad como lo que realmente es: una industria compleja, exigente y profundamente técnica, que se valida en el tiempo y no en el discurso.