Medidas

Uber, Cabify y PedidosYa quedan en manos del Gobierno: una decisión que cambia las reglas

La gestión nacional oficializó un nuevo esquema para las plataformas de transporte y reparto, redefiniendo quién supervisará una actividad que involucra a miles de conductores y repartidores en todo el país.

Periodista, Licenciada en Comunicación Social, redactora y creadora de contenido en redes sociales

El Gobierno nacional avanzó con una de las medidas más relevantes vinculadas a la llamada economía de plataformas y definió que la Secretaría de Transporte será la encargada de aplicar y supervisar el régimen que regula a empresas como Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa. La medida quedó formalizada mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión alcanza a los servicios de transporte de pasajeros y entrega de productos gestionados a través de aplicaciones móviles. A partir de ahora, el organismo dependiente del Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de implementar las normas específicas para quienes desarrollan actividades mediante estas plataformas digitales.

¿Por qué el control pasó a la Secretaría de Transporte?

Según los fundamentos oficiales, la actividad está vinculada principalmente con la movilidad urbana y la logística, por lo que se consideró que Transporte posee las herramientas técnicas más adecuadas para supervisar el sector. Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo conservará únicamente facultades relacionadas con posibles convenios colectivos que puedan surgir en el futuro.

El cambio forma parte del nuevo marco legal impulsado por la reforma laboral, que estableció una regulación diferenciada para choferes y repartidores de aplicaciones. Bajo este esquema, quienes trabajan mediante estas plataformas son considerados prestadores independientes, quedando fuera del régimen tradicional contemplado por la Ley de Contrato de Trabajo.

La medida busca poner fin a años de debates sobre cómo debía encuadrarse la actividad de las aplicaciones de movilidad y reparto. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es aportar mayor previsibilidad regulatoria a un sector que continúa creciendo y que hoy tiene un fuerte impacto en la movilidad urbana, la logística y el empleo independiente en todo el país.

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