El Gobierno promulgó la ley de discapacidad pero demorará su reglamentación hasta definir el financiamiento

El Gobierno confirmó que promulgará la ley de discapacidad, ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no será reglamentada hasta definir el financiamiento. La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien señaló que la aplicación se condiciona a un acuerdo político sobre los recursos. La iniciativa había contado con un amplio apoyo parlamentario, incluso de fuerzas cercanas al oficialismo, y en ambas cámaras logró los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el veto.

El planteo de Francos

Francos explicó que el Ejecutivo cumplirá con la promulgación, pero cuestionó la falta de previsión presupuestaria. "El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos", detalló. En declaraciones a Clarín, fue más contundente: "Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que (...) el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?".

El impacto fiscal

El impacto fiscal preocupa al Ejecutivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación advirtió que la ley podría incrementar los beneficiarios entre 493 mil y 946 mil personas, lo que implicaría un gasto de entre $1.889.371 millones y $3.627.495 millones, equivalente a entre el 0,22% y 0,42% del PBI. A eso se suman $278.323 millones para compensaciones de emergencia a prestadores y $7.160 millones para talleres de producción. Estos montos hacen que el Gobierno busque, en acuerdo con el Congreso, una fuente de financiamiento clara antes de poner la norma en vigencia.

Crisis y polémica en la ANDIS

La norma fue sancionada tras la movilización de organizaciones civiles, que denunciaron el colapso del sistema por el congelamiento de recursos y la reducción de beneficiarios luego de auditorías cuestionadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La gestión de Diego Spagnuolo en ese organismo terminó en escándalo, tras la difusión de audios que revelaban un circuito de presuntas coimas entre funcionarios y droguerías, lo que derivó en su salida del Gobierno. Ese clima político impulsó aún más el respaldo legislativo a la ley.

Qué establece la ley

Entre los puntos centrales, la ley de emergencia en discapacidad establece el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social, con un haber del 70% de la mínima jubilatoria, accesible para quienes tengan CUD, ingresos menores a dos Salarios Mínimos, no perciban planes similares y aprueben la evaluación socioeconómica. Además, las pensiones ya otorgadas se transformarán automáticamente, sin necesidad de nuevos trámites. También se prevé la actualización mensual de aranceles según el IPC del INDEC, la regularización de deudas fiscales y de seguridad social con condonación de intereses y multas, y el refuerzo del financiamiento de la ANDIS, que deberá coordinar todas las políticas públicas del área.