El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación
El Congreso logró que la ley fuera publicada en el Boletín Oficial, aunque su puesta en marcha quedó atada a la definición de fondos para financiarla.
Este lunes, el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. Sin embargo, la normativa quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento e incorporación de partidas en el presupuesto nacional. La medida fue oficializada en el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El costo de la nueva pensión
El Ejecutivo justificó la postergación en el impacto fiscal que traería la creación de la nueva pensión y otros beneficios. Según los cálculos oficiales, la ley implicaría un gasto de $2.166.985.900.000 en 2025 (0,26 % del PBI) y de $4.706.628.500.000 en 2026 (0,47 % del PBI). A esto se suman los costos del Programa Incluir Salud: $574.200.000.000 en 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 en 2026 (0,12 % del PBI).
Gasto total y marco legal
También se contempla la compensación económica de emergencia para prestadores, calculada en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). En total, la ejecución de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI. El Gobierno citó el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que obliga a especificar la fuente de recursos en toda ley que habilite gastos no previstos.
Críticas al Congreso por la falta de previsión
"El Congreso de la Nación omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional", señala el decreto. El texto aclara además que la posibilidad de reasignar partidas otorgada al jefe de Gabinete "no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente".
El antecedente del veto presidencial
El Gobierno ya había vetado la ley en junio mediante el Decreto 534/25, argumentando que "resultaba imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo". En esa ocasión advirtió que la falta de previsión presupuestaria ''pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger''.
El Congreso insistió y forzó la promulgación
Pese a estas advertencias, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron en su aprobación por mayoría especial, obligando al Ejecutivo a promulgarla según el artículo 83 de la Constitución Nacional. El texto oficial insiste en que el presupuesto vigente "no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación". Incluso si se reasignaran todas las partidas disponibles, la suma de $2.302.526.621.430 sería insuficiente frente al costo total estimado.
Readecuación presupuestaria en el corto plazo
En paralelo, el Gobierno avanzó con una modificación presupuestaria a través de la Decisión Administrativa 24/2025, publicada también este lunes. La medida aumenta los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, y reduce recursos de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro. El ajuste busca responder al reclamo de actualización de los prestadores del sistema.
Medidas inmediatas desde octubre
La readecuación presupuestaria, que entrará en vigencia el 1° de octubre, tiene como objetivo reforzar el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El Ejecutivo aclaró que esta medida se toma mientras la Ley 27.793 permanece suspendida, a la espera de que el Congreso autorice los recursos necesarios para su plena aplicación.