YPF: el Gobierno denunció venta de información del caso y realizó una purga interna
El litigio sumó un nuevo capítulo horas atrás, cuando el oficialismo tomó una contundente decisión tras detectar posibles filtraciones de datos.
La interna del Estado argentino por el millonario juicio de YPF tuvo su primera gran consecuencia. El Gobierno de Javier Milei activó una purga en la Procuración del Tesoro y despidió a más de 60 funcionarios, luego de detectar posibles filtraciones que habrían perjudicado la estrategia judicial en Estados Unidos. Detrás de la medida hay sospechas de una "venta de información" al fondo Burford, principal demandante en el juicio.
El escándalo estalló hace dos semanas, cuando la jueza Loretta Preska ordenó entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. Desde entonces, la administración libertaria avanzó con despidos, una reestructuración interna y una investigación encabezada por el procurador adjunto, Santiago Castro Videla. La lupa está puesta sobre quienes podrían haber entregado material confidencial que afectó la defensa del país.
Reestructuración, sospechas y apoyo externo
La purga llegó acompañada de un decreto presidencial que reformó el organigrama de la Procuración. Se eliminaron direcciones nacionales y fue disuelta la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Las tareas de formación pasarán ahora al nuevo CEFAP. Según el Gobierno, se busca "optimizar recursos" y "mejorar la eficiencia", pero la movida tiene un trasfondo claro: blindar la información sensible que circula en los pasillos del organismo.
En paralelo, la estrategia judicial de Argentina sumó un apoyo inesperado: Estados Unidos anunció que se presentará como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones, para pedir una revisión del fallo y separar las acciones de YPF del caso. Aunque el respaldo es simbólico, se interpreta como un guiño a la postura argentina en medio de una disputa con impacto millonario.
Por ahora, la Casa Rosada evita señalar responsables concretos por las filtraciones, pero varios apuntan al paso de Carlos Zannini por la Procuración durante el gobierno anterior. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso en Nueva York y la causa promete seguir siendo una bomba de tiempo para el oficialismo.