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Número en llamas para Llaryora 

La crisis y la devaluación convergen peligrosamente sobre el próximo Gobierno de Martín Llaryora. Los ingresos propios de la Provincia vienen cayendo desde hace un año, y el último mes se desplomaron 7%; impactando de lleno en la recaudación, que retrocedió 1%. Días antes de la devaluación, Córdoba debía $ 810.318 millones, un 26,7% más que julio. Con los gremios estatales anticipando un verano caliente por pedidos de recomposición y la presión sobre la obra pública, Guillermo Acosta, el futuro ministro estratégico de Llaryora, empieza a buscar alternativas: ya dialogó con tenedores de la deuda cordobesa para “reperfilarla”.

 Batalla por Justicia 

Los abogados del círculo rojo de Llaryora disputan una fuerte interna por el control del área de Justicia desde diciembre. Sonaba para ese cargo Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados, pero sus vínculos con el Surrbac y el Soelsac, los gremios de recolectores y personal de limpieza, lo puso en zona de riesgo. En el Palacio 6 de Julio aseguran que no fue bueno su desempeño mediático al momento de explicar cuáles son sus vínculos con los gremialistas en guerra, y arrastró con él a Llaryora cuando se definió como “militante” del gobernador.  

Montero, a niñez 

La actual funcionaria municipal Liliana Montero se hará cargo, en el próximo Gobierno provincial, de un área crítica: la que contiene a  la Senaf, el organismo que interviene en los cada vez más complejos casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos o en conflicto con la ley penal. Por formación y carácter, Montero tendría la responsabilidad de rediseñar el esquema que es la puerta de entrada de adolescentes al sistema penal. Se especula que su gestión estará atravesada por un fuerte debate ideológico: la baja de la edad de imputabilidad, algo a lo que la funcionaria se opuso siempre.