La relación entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino volvió a encenderse, aunque el Ejecutivo intentó bajar el tono. Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), afirmó: "Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA", marcando una postura oficial tras días de cruces. En Radio Rivadavia remarcó que ni él ni el ministro de Justicia evalúan recomendar una intervención, aunque la relación siga marcada por reclamos y objeciones formales.

La mudanza sin aval y el control vigente

Aunque la AFA anunció en asamblea que trasladaría su sede a la provincia de Buenos Aires, la IGJ sostuvo que esa decisión carece de validez jurídica mientras no exista reforma estatutaria, aprobación del organismo y notificación formal a la jurisdicción original. Vitolo fue tajante: "La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice", recordando que el ente rector del fútbol continúa supervisado por la IGJ hasta regularizar el procedimiento completo.

Renovación cuestionada y expedientes abiertos

Vitolo detalló que la AFA no presentó ante la IGJ el estatuto modificado ni formalizó la inscripción de su última comisión directiva. La asamblea donde se adelantó un año la elección de autoridades por un mandato de cinco años quedó impugnada y hoy se encuentra judicializada, aguardando un fallo de la Corte Suprema. A esto se suman deudas informativas desde 2017, con inconsistencias detectadas en los estados contables que la entidad no explicó pese a requerimientos oficiales.

Cifras millonarias sin detalle y reclamo de transparencia

Según Vitolo, la AFA "colocó en partidas globales sumas ideales sin abrirlas" y omitió aclarar destinos. Enumeró gastos observados por USD 18 millones en administración, USD 3,5 millones al Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica, USD 44 millones en selecciones nacionales, y USD 12,5 millones en subsidios a FIFA y Conmebol. Aseguró que la entidad "tiene que explicar gastos por ciento once millones de dólares", y aclaró que no implica malversación, sino falta de desglose para aprobar sus balances.

Tres caminos posibles: administrativo, penal o civil

Vitolo explicó que legalmente existen tres vías de intervención, aunque ninguna está activa. La primera sería una recomendación de la IGJ al ministro si hubiese una infracción grave; descartada por el propio Gobierno. La segunda, un juez penal para preservar bienes ante supuestos de lavado. La tercera, que un club afiliado pida intervención judicial ante la Justicia Civil Ordinaria de Capital Federal. Las intervenciones pueden ir desde un veedor hasta el desplazamiento pleno de autoridades.

La Superliga, otra pieza bajo investigación

La Superliga Profesional del Fútbol Argentino, creada en 2017 y vinculada a la AFA, también enfrenta observaciones. Vitolo dijo que debe justificar USD 348 millones, incluyendo un rubro de "rendiciones a clubes" por USD 72 millones sin detalle. Cuestionó: "¿Cómo puedo hacer yo un control de cruzamientos si no me dicen qué recibió qué club?". Además, advirtió sobre una posible desnaturalización de su objeto civil, dado que modificó su estatuto para enfocarse casi solo en comercialización de derechos, pese a ajustes posteriores.