El Gobierno nacional anunció una nueva medida contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol, al intimarlas a presentar explicaciones sobre sus balances contables y financieros. La acción será llevada adelante por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), y apunta directamente a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia.

Millonarios montos bajo la lupa

Según se informó oficialmente, el objetivo es que ambas entidades respalden con documentación gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 en el caso de la AFA y USD 340.000.000 correspondientes a la Liga Profesional. La decisión fue comunicada mediante un escrito oficial, donde se detallan observaciones detectadas en los estados contables.

El comunicado oficial del Ministerio de Justicia

En el texto difundido, el Gobierno explicó que "se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones".

Gastos observados y el rol de la IGJ

Además, se precisó que "los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente". En ese marco, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales, recordando que la AFA es una asociación sin fines de lucro.

Advertencia por posibles sanciones

Por último, el escrito oficial remarcó que "Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios". También se aclaró que la AFA y la Superliga deben cumplir los mismos requisitos que cualquier asociación registrada ante la IGJ, y que la falta de respuesta o el incumplimiento dentro del plazo otorgado podría derivar en sanciones económicas severas para las entidades y sus directivos.