El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino tras un pedido de la Inspección General de Justicia. La decisión habilita una auditoría por 180 días sobre la gestión encabezada por Claudio Tapia, con el objetivo de revisar balances, contratos y el funcionamiento institucional de la entidad.

Bajo la lupa contable

Durante el período de veeduría, los funcionarios designados tendrán amplias facultades para acceder a documentación financiera y administrativa. El foco estará puesto en los estados contables recientes, que según la IGJ presentan demoras, inconsistencias y falta de respaldo documental.

Además, la auditoría incluirá la revisión de operaciones con empresas privadas y el análisis de la creación de la Universidad de la AFA, un proyecto que también quedó bajo observación por su estructura y financiamiento.

Un conflicto que excede al fútbol

La medida no implica una intervención total ni el desplazamiento de autoridades, pero sí marca un avance del Estado sobre una de las instituciones más poderosas del país. En ese marco, también se abrió una disputa por la jurisdicción de control, ya que la AFA sostiene que depende de la provincia de Buenos Aires y no de la órbita nacional.

Detrás de la decisión aparece un trasfondo político y económico: el crecimiento de los ingresos del fútbol argentino en los últimos años, impulsado por derechos televisivos, contratos comerciales y premios internacionales. El informe final de los veedores será clave para definir si hay sanciones, acciones judiciales o un endurecimiento del control estatal.