En medio del escándalo institucional que rodea a la AFA, el gobierno de Axel Kicillof decidió aceptar el traslado del domicilio legal de la entidad a la provincia de Buenos Aires. La medida se conoció horas después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) avanzara con pedidos de documentación y solicitara la designación de veedores.

El guiño de Kicillof a Tapia

La jugada fue celebrada por el entorno de Claudio "Chiqui" Tapia, quien atraviesa cuestionamientos por presuntas irregularidades contables, empresas vinculadas y desvío de fondos. El aval provincial busca sacar a la AFA de la órbita de control de la IGJ nacional y trasladar el eje del conflicto al terreno bonaerense.

Desde el Gobierno nacional minimizaron el impacto de la decisión y aseguraron que la resolución provincial "no cambia nada". En paralelo, la IGJ mantiene firme su postura y avanzó con el pedido formal ante el Ministerio de Justicia para designar veedores que revisen libros contables cerrados al 30 de junio de 2025.

La controversia se agrava porque, según fuentes oficiales, la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense ni siquiera detalla con precisión la ubicación de la nueva sede en Pilar. "Lo hicieron a las apuradas", deslizaron desde el Ejecutivo nacional, en referencia a lo que consideran un intento de judicializar la investigación.

Con este movimiento, Kicillof queda en el centro de la escena política y deportiva: respalda institucionalmente a Tapia mientras la IGJ profundiza una investigación que puede escalar en el plano judicial.