AFA

Nueva denuncia: Tapia y Toviggino acusados de asociación ilícita

ARCA amplió la acusación contra la cúpula de la AFA y apuntó directamente contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por una presunta asociación ilícita fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal contra la AFA y acusó formalmente a Claudio "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino de integrar una presunta "asociación ilícita fiscal". Según la investigación, la entidad habría utilizado facturación apócrifa para evadir cerca de 289 millones de pesos entre 2023 y 2025.

La presentación fue realizada ante el juez federal Diego Amarante y sostiene que la conducción de la AFA montó un esquema sistemático para ocultar el destino final de fondos mediante empresas consideradas "no confiables". Desde el organismo remarcaron que varias de esas firmas no tenían empleados, maquinaria ni actividad real.

Facturas truchas y cheques bajo sospecha

Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta al uso masivo de cheques para romper la trazabilidad del dinero. Según ARCA, más del 77% de los pagos investigados se realizaron mediante ese mecanismo financiero, que luego circulaba a través de múltiples endosos para dificultar el seguimiento de los fondos.

La investigación detectó incluso operaciones llamativas donde cheques emitidos supuestamente para obras o construcciones terminaron vinculados a compras de hacienda y carne vacuna, involucrando a empresas completamente ajenas al rubro original declarado.

Además de Tapia y Toviggino, en el expediente también aparecen mencionados otros dirigentes como Víctor Blanco Rodríguez, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. ARCA solicitó que los principales acusados sean convocados a declaración indagatoria al considerar que existió una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera reiterada.

La nueva acusación se suma a otra causa previa donde la AFA ya era investigada por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos. Desde el organismo recaudador sostienen que el esquema permitió generar efectos fiscales indebidos y desdibujar el origen de múltiples operaciones económicas.

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