El intento de salida del país de Javier Faroni sumó un nuevo capítulo a la causa que investiga un presunto desvío de fondos millonarios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El empresario fue frenado el lunes por la noche en el Aeroparque Jorge Newbery cuando se disponía a viajar a Uruguay, en una escena que expuso el avance de la investigación judicial y la decisión de la Justicia de endurecer las medidas.

Los allanamientos del empresario ligado a AFA

La prohibición de abandonar el territorio nacional fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien tiene a su cargo la causa por supuestas estafas en el fútbol. En paralelo, durante la jornada del martes se realizaron allanamientos en la vivienda de Javier Faroni en Nordelta, con el objetivo de secuestrar documentación clave, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían aportar información relevante al expediente.

Según trascendió en el ámbito judicial, la Dirección Nacional de Migraciones activó una alerta cuando Javier Faroni intentó abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. A partir de esa notificación intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que le impidió embarcar y le secuestró un teléfono celular que el empresario habría descartado en medio del procedimiento.

Fuentes del caso señalaron que toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del aeropuerto y que las imágenes están siendo analizadas por peritos para reconstruir los movimientos del empresario y determinar qué ocurrió con el dispositivo. Al momento del intento de salida, Javier Faroni llevaba pasaporte y documentación de su grupo familiar, aunque para ingresar a Uruguay solo se requiere DNI.

Exdiputado del Frente Renovador y exdirector de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández, Faroni aparece como una figura central en la operatoria de TourProdEnter LLC. De acuerdo con la investigación, la empresa habría administrado cerca de 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y estaría involucrada en el presunto desvío de al menos 42 millones, a través de un entramado de firmas que ahora están bajo la lupa de la Justicia.