Burford Capital, el principal beneficiario del juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en EEUU, con fuertes críticas al gobierno de ese país, quien la semana se había presentado como amicus curiae del país.

El bufete inglés que cotiza en Londres y Wall Street pidió que la corte no acepte a EEUU en la causa como "amigo del tribunal". Con todo, allegados a la causa interpretaron esta tarde ante Infobae que el pedido de amicus curiae no refleja el punto de vista del Gobierno estadounidense, "funcionarios de bajo rango no involucrados en la estrategia de la política exterior de EEUU", y que en el pasado EEUU sí apoyó la posición de fondo del demandante. Destacaron que ese país tiene un fuerte interés en "garantizar que los Estados extranjeros que ingresan a los mercados estadounidenses como actores comerciales no gocen de inmunidad frente a demandas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones comerciales".

Lo cierto es que la presentación de esta tarde "no estaba prevista" según otras fuentes vinculadas a esta extensa demanda que ya lleva 10 años, y que se da en el contexto de una decisión importante y puntual que deberá tomar esta semana ese tribunal de segunda instancia: si se suspende el fallo de la jueza Loretta Preska de semanas atrás que ordenó entregar las acciones que tiene el Estado en YPF (51%) como parte de pago por la condena en primera instancia.

No gustó nada la declaración del gobierno de EEUU

Burford dijo que la presentación de funcionarios del Departamento de Justicia de Donald Trump fue "sumamente inusual" y dedicó 10 páginas a desmentir los argumentos de los fiscales estadounidenses, ya que, dijeron, se basan "en premisas erróneas" y "no aporta nada sustancial".

"Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito", agregaron.

Además, reiteraron que su objetivo es cobrar la demanda que ganaron en primera instancia por USD 16.000 millones. Cree que la presentación de la semana pasada generó "efectos adversos" a nivel local "ya que la prensa y los funcionarios públicos argentinos han interpretado el escrito del gobierno como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia". O sea, espera cobrar los más de USD 17.500 millones que ya suma la causa con los intereses, o al menos negociar en ese sentido.

"Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales", dijo Burford.