En una maniobra extraordinaria, Donald Trump comunicó su intención de bloquear US$ 4900 millones destinados a programas de ayuda exterior, un movimiento que ningún presidente estadounidense había tomado en casi 50 años. La medida forma parte de una serie de decisiones recientes de la Casa Blanca para aumentar el control sobre agencias y poderes independientes, en un enfrentamiento directo con el Congreso.

La rescisión de bolsillo

La notificación de 15 páginas fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y constituye un intento de lo que se conoce como "rescisión de bolsillo", una estrategia que busca recuperar fondos ya asignados antes de que los legisladores puedan rechazarlos. Con el año fiscal 2025 terminando el 30 de septiembre, la Casa Blanca espera que el Congreso no tenga tiempo de responder dentro del plazo de 45 días que establece la ley.

Respaldo republicano y control del Congreso

Aunque los republicanos controlan ambas cámaras, los líderes del partido han mostrado poca disposición a resistirse a las exigencias de gasto de Trump. Esta medida se suma a otras acciones recientes del mandatario para presionar a instituciones independientes, incluyendo la Reserva Federal (Fed) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), demostrando su intención de consolidar control sobre la administración federal.

Despidos y medidas recientes

En la última semana, Trump inició acciones legales contra la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, mientras que la Casa Blanca destituyó a Susan Monarez, directora de la principal agencia de salud pública del país. Estas medidas se suman al despido de miles de trabajadores federales desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero, reforzando la narrativa de su administración de controlar las agencias.

Condena dentro del propio partido

La medida de recortar los fondos de ayuda exterior provocó condena inmediata de la senadora Susan Collins, principal republicana en el Comité de Asignaciones, quien calificó la acción de ilegal: "Cualquier intento de rescindir fondos asignados sin la aprobación del Congreso es una clara violación de la ley". Collins agregó: "Dado que este paquete se envió al Congreso muy cerca del final del año fiscal, cuando los fondos están programados para expirar, esto es un aparente intento de rescindir los fondos asignados sin la aprobación del Congreso".

Fondos afectados y defensa oficial

La carta publicada en la cuenta de X de la Oficina de Gestión y Presupuesto indica que los recortes afectarían al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Según Marco Rubio, secretario de Estado, la medida busca erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso del gobierno: "Ahora, por primera vez en 50 años, está ejerciendo su autoridad bajo la Ley de Control de Embargos para implementar una rescisión parcial, cancelando 5000 millones de dólares en ayuda exterior y financiación de organizaciones internacionales que violan las prioridades presidenciales de ‘Estados Unidos primero'".

Usaid en modo de cierre

Rubio también felicitó al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, por supervisar el proceso: "Usaid está oficialmente en modo de cierre. Russ está ahora al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace mucho tiempo se descarriló". La medida se suma a los planes de Trump y Vought para desafiar el control del Congreso sobre el erario público mediante embargos y cancelaciones unilaterales del gasto aprobado.

Posibles consecuencias políticas

La maniobra podría complicar los intentos de los legisladores de aprobar un paquete de financiación bipartidista antes del 1° de octubre, fecha límite para evitar un shutdown del gobierno federal. El Congreso necesita el apoyo demócrata en el Senado, y los opositores han señalado que no aprobarán el paquete mientras continúe el recorte unilateral de fondos.

Precedente histórico

La última vez que un presidente estadounidense aplicó una "rescisión de bolsillo" fue Jimmy Carter en 1977, aunque con un plazo mayor al de 45 días, distinto al procedimiento que Trump está usando ahora. Esta medida marca un precedente inédito por la rapidez y la magnitud del desafío presidencial al Congreso.