La escena fue solemne, casi calculada. Desde el Tribunal Supremo de Justicia y con transmisión oficial, Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general que abarcará todo el período de violencia política en Venezuela desde 1999 hasta hoy. El mensaje buscó tono institucional, pero el impacto fue inevitablemente político: por primera vez en años, el poder habla de cerrar causas que durante décadas sostuvo.

El alcance y los límites

Rodríguez explicó que la iniciativa será enviada con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional y que no incluirá delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción ni violaciones graves a los derechos humanos. La amnistía, aseguró, estará enfocada exclusivamente en causas vinculadas a hechos políticos. No será un indulto individual, sino el cierre total de expedientes judiciales abiertos contra opositores, activistas y detenidos.

El anuncio llega mientras, desde el 8 de enero, se desarrolla un proceso de excarcelaciones parciales. Según Foro Penal, aún hay 711 presos políticos en el país, aunque en las últimas semanas fueron liberadas más de 300 personas. Sin embargo, la ONG advierte que más de 11.000 ciudadanos continúan con restricciones arbitrarias de su libertad, lo que genera dudas sobre el verdadero alcance de la medida.

El gesto simbólico más fuerte

En paralelo, Rodríguez ordenó el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, señalada durante años como un centro de torturas del Sebin. El edificio será reconvertido en un espacio social, cultural y deportivo. El anuncio tiene un peso simbólico enorme: no se trata solo de liberar personas, sino de desactivar un lugar que representaba el corazón del aparato represivo.

La reacción no tardó en llegar. María Corina Machado aseguró que el pueblo venezolano todavía no celebra, aunque considera que el proceso es "irreversible hacia la democracia". Para la dirigente opositora, la medida no responde a una voluntad interna del régimen, sino a la presión internacional, especialmente de Estados Unidos. Mientras tanto, organismos de derechos humanos observan con cautela y advierten que la amnistía debe entenderse como restitución de derechos, no como un gesto de clemencia.