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Venezuela promulga una amnistía general y abre la puerta a liberar a cientos de detenidos políticos

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la norma y la presidenta interina la firmó horas después. El texto contempla la revisión inmediata de causas desde 1999, con exclusiones específicas.

Licenciado en Periodismo y Periodista Deportivo

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía general que fue promulgada horas más tarde por la presidenta interina Delcy Rodríguez, habilitando la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación política desde 1999. La medida abre la posibilidad de liberar a políticos, activistas, periodistas y ciudadanos encarcelados por razones políticas, en medio de un proceso de transición institucional.

La normativa representa un giro relevante tras años de negación oficial sobre la existencia de presos políticos. El nuevo escenario se da luego de cambios profundos en la conducción del país y busca, según el Ejecutivo, avanzar hacia una etapa de distensión y reencuentro nacional.

Qué contempla la norma

El texto establece la extinción de procesos judiciales, la revisión de sentencias firmes y la eliminación de antecedentes para quienes hayan sido investigados o condenados por hechos vinculados a crisis políticas entre 2002 y 2025. También abarca protestas, manifestaciones y episodios asociados a procesos electorales recientes.

Sin embargo, la ley fija exclusiones claras: no podrán acceder al beneficio quienes estén involucrados en delitos graves como crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico o acciones armadas contra la soberanía del país con apoyo extranjero. La aplicación requerirá la verificación de cada caso por parte de los tribunales.

Expectativas y dudas

Organizaciones como Foro Penal estiman que más de 600 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos. En las últimas semanas ya se registraron excarcelaciones, aunque en muchos casos bajo medidas condicionadas, lo que generó reclamos de familiares que exigen libertad plena.

La legislación prevé la creación de una comisión especial para supervisar su implementación y fija un plazo de hasta 15 días para que los tribunales revisen los expedientes. Aunque fue celebrada como un paso hacia la reconciliación, su impacto real dependerá de la rapidez y transparencia con que se ejecute en los próximos días.

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