A contrarreloj, el Gobierno nacional confirmó que cuenta con los fondos necesarios para afrontar el pago de US$4.344 millones correspondientes a los cupones de los Bonares y Globales que vencen el 9 de enero, una obligación heredada de la reestructuración de deuda de 2020 realizada por Martín Guzmán bajo el Gobierno de Alberto Fernández.

La maniobra para conseguir los fondos

La clave fue una nueva operación financiera del Banco Central: la emisión de un bono por US$3.000 millones, a un año de plazo y con una tasa del 7,4% anual, negociado con bancos internacionales encabezados por JP Morgan. El mecanismo utilizado fue un REPO, es decir, un acuerdo de recompra con garantía.

A diferencia de una colocación tradicional de deuda, el REPO implica entregar títulos públicos como respaldo. En esta ocasión, el BCRA utilizó principalmente el Bonar 36, junto a Bonares 2035 y 2038, por un total de garantías que ronda los US$3.500 millones, una cifra superior al monto recibido.

La operación cuenta con aval político y legal: el Congreso autorizó al Ministerio de Economía a tomar deuda internacional voluntaria a través del Presupuesto 2026, lo que le dio margen para elegir este instrumento como solución de corto plazo. Este es el tercer REPO del gobierno de Javier Milei y, según fuentes oficiales, podría ser el último. La intención es que el próximo vencimiento, en julio, se cubra con colocaciones voluntarias en los mercados internacionales.

Además, el costo financiero mostró una mejora: la tasa del 7,4% es casi un punto menor a la de los REPO anteriores, una señal que el Gobierno lee como un gesto de mayor confianza del mercado, aunque el endeudamiento sigue siendo un tema sensible.