El Gobierno de Javier Milei oficializó un cambio en la Ley Nacional de Armas y Explosivos, reduciendo la edad mínima para la tenencia y portación de armas de 21 a 18 años. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 1081/2024, argumenta que busca "armonizar la legislación vigente" y reconocer la capacidad de los ciudadanos mayores de 18 años para ser legítimos usuarios. La norma también incluye requisitos como certificaciones de salud y antecedentes penales limpios.

El cambio responde a un plan más amplio iniciado en mayo, cuando el Ejecutivo propuso al Congreso reformas para simplificar los trámites relacionados con la regularización de armas de fuego. La intención, según la cartera de Seguridad, es modernizar el registro de armas y reducir la circulación de armas no declaradas, estimadas en más de 800,000 en el país. La medida forma parte de una estrategia para combatir el uso de armas ilegales.

Además, el decreto busca reactivar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, prorrogándolo por cuatro años. Este plan permitirá a los ciudadanos entregar armas anónimamente para su destrucción, ofreciendo al mismo tiempo opciones para regularizar aquellas que no estén registradas. Las autoridades sostienen que estas iniciativas pretenden reducir la violencia armada y garantizar un control más efectivo.