El gobierno avanza con un nuevo proyecto de Ley Migratoria que busca endurecer los requisitos para la residencia, agilizar la deportación de extranjeros con antecedentes y establecer el pago de servicios públicos como salud y educación para quienes no sean residentes permanentes. La iniciativa fue mencionada por Javier Milei en su discurso de apertura de sesiones y se espera que llegue al Congreso en los próximos meses.

Deportaciones rápidas y nuevos controles fronterizos

La reforma incluiría más causales de expulsión inmediata, con foco en delitos como narcotráfico, contrabando y ataques a instituciones. También se reforzarían los controles fronterizos con la instalación de radares y mejoras en los centros de control internacional. El oficialismo sostiene que estas medidas buscan "proteger a los argentinos" y evitar que el país sea visto como un "paraíso de beneficios gratuitos".

El cobro de servicios públicos a extranjeros no residentes ya comenzó a aplicarse en provincias como Salta y Mendoza, donde aseguran haber logrado un ahorro significativo en el sistema de salud. En Casa Rosada creen que esta política debe extenderse a nivel nacional y no descartan avanzar con un decreto si el Congreso rechaza la reforma.

Milei, alineado con políticas migratorias más restrictivas como las de Donald Trump, sostiene que Argentina debe dejar de ser un destino de "turismo sanitario" y que los extranjeros deben pagar por los servicios que usan. La oposición ya anticipó que intentará frenar el proyecto, pero en el gobierno confían en que el debate servirá para mostrar "quién está del lado de los argentinos y quién no".