Este martes, Diputados comenzará a debatir en comisión un proyecto clave para el Gobierno: la reforma penal juvenil que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza y acompañada por sus aliados, ya genera tensiones en el Congreso.

El oficialismo quiere apurar el dictamen antes de fin de mayo. El texto prevé penas de hasta 15 años de cárcel para delitos graves, pero incorpora alternativas para casos menores: desde tobilleras hasta trabajos comunitarios. También se garantiza un proceso con tutoría, educación y programas de resocialización.

Cruces políticos y resistencias

Unión por la Patria y la izquierda ya anticiparon su rechazo. Incluso un sector del radicalismo plantea modificar el proyecto, lo que podría complicar su aprobación. En paralelo, la Iglesia Católica también cuestionó la medida y pidió "abordajes más amplios y preventivos".

Aunque hay acuerdo general en que no debe haber perpetua para menores, el debate está lejos de cerrarse. El Gobierno quiere convertirlo en bandera de campaña, pero el Congreso promete discutirlo hasta la última coma.