Este miércoles venció el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad depositaran los 537 millones de dólares ordenados por el TOF 2 como restitución por corrupción, pero ninguno lo hizo. Esto habilita al juez Jorge Gorini a iniciar la ejecución patrimonial. La investigación probó que 51 licitaciones de obra pública se direccionaron a favor del empresario Lázaro Báez.

La estrategia de Cristina Kirchner para evitar el pago

Entre los condenados que deben afrontar el pago se encuentran el ex titular de Vialidad Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. Cristina Kirchner, por su parte, alegó que el cálculo judicial es erróneo y que su patrimonio es legítimo y no proviene de la maniobra investigada.

En su última declaración jurada, Cristina Kirchner declaró una fortuna de 250 millones de pesos, sin bienes en hoteles o inmobiliarias, ya que en 2016 donó su patrimonio a sus hijos. Especialistas advierten que esas donaciones podrían considerarse títulos imperfectos, sujetos a ejecución de bienes. Entre los activos vinculados figuran 25 propiedades, tres empresas, un vehículo y depósitos en dólares.

La decisión de no pagar abre una nueva etapa judicial que podría derivar en el embargo de bienes emblemáticos. Es que en el decomiso podrían estar sus míticos hoteles de El Calafate, y marca un capítulo clave en la causa Vialidad, mientras los tribunales avanzan en la recuperación del dinero por corrupción.