Derecho a la información pública, ¡afuera!

El Gobierno ha establecido nuevas limitaciones para acceder a la información pública a través del decreto 780/2024, firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La normativa redefine el concepto de "información pública" y establece nuevos requisitos para solicitar datos al Estado. Además, las autoridades ahora pueden omitir responder peticiones relacionadas con la vida privada de los funcionarios, lo que ha generado preocupación entre defensores de la libertad de expresión.

El decreto ha generado inquietud en organizaciones de la sociedad civil, ya que amplía la privacidad de los funcionarios y restringe el acceso a documentos considerados "papeles de trabajo" o deliberaciones preliminares. Especialistas en políticas de integridad han señalado que esto podría contradecir el espíritu de la Ley de Acceso a la Información Pública y representar un retroceso en derechos.

La oposición también se manifestó en contra de esta medida, calificándola de inconstitucional. La diputada Karina Banfi, autora de la ley original, planea llevar el tema al Congreso, argumentando que el decreto desconoce el derecho de los ciudadanos a la información pública.