El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe, volvió a instalar con fuerza en la agenda oficial la discusión sobre la edad de imputabilidad. El caso expuso un vacío legal: dos de los menores involucrados tienen 14 años y no pueden ser juzgados bajo la normativa vigente, una situación que el Gobierno considera insostenible.

Aunque la iniciativa no había sido incluida inicialmente en las sesiones extraordinarias del Congreso, el impacto público del crimen modificó las prioridades. En el Ejecutivo evalúan adelantar el tratamiento del proyecto para permitir que jóvenes de 14 años enfrenten procesos penales, una decisión que cuenta con el impulso de figuras clave del oficialismo.

¿Debate inmediato o reforma integral?

Dentro del Gobierno conviven dos posturas. Un sector presiona para discutir la baja de imputabilidad en el corto plazo, mientras que otro propone incorporarla a una reforma más amplia del Código Penal, prevista para las sesiones ordinarias de marzo. Ese paquete incluiría un régimen penal juvenil con foco no solo en sanciones, sino también en educación y asistencia social.

La ministra Patricia Bullrich fue una de las voces más firmes en reclamar rapidez: "Los menores que cometen los peores delitos salen impunes. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa", sostuvo públicamente. En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que la gestión avanzará en 2026 bajo el principio de "tolerancia cero", con el objetivo de que "el que las hace, las paga".

El respaldo también llegó desde las provincias. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, avaló la iniciativa al considerar que las penas deben responder a la gravedad del delito y no únicamente a la edad del autor, en un contexto delictivo muy distinto al de décadas atrás.

El borrador del proyecto prevé reducir la edad punible de 16 a 14 años, establecer una pena máxima de 15 años para adolescentes y garantizar que las detenciones se cumplan en institutos especializados, separados de los adultos y con continuidad educativa. La definición sobre cuándo comenzará el debate se resolverá en los próximos días, en una reunión clave de la mesa política en la Casa Rosada.