El Gobierno avanza para que la Corte Suprema destrabe la reforma laboral frenada por la CGT
La Casa Rosada presentó un recurso extraordinario para que el máximo tribunal intervenga de forma directa y reactive los artículos suspendidos.
El Gobierno de Javier Milei decidió escalar la pelea judicial por la reforma laboral y presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga de manera directa. La estrategia oficial apunta a revertir la cautelar que suspendió 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, luego de una demanda impulsada por la CGT.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo. El Ejecutivo pidió que se suspendan los efectos del fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 mientras la Corte analiza el caso y, además, reclamó que se restituya la vigencia plena de la ley.
El argumento oficial
Desde el Gobierno sostienen que la causa tiene "gravedad institucional" porque un juez de primera instancia suspendió una norma nacional con efectos sobre todo el país. También aseguran que el magistrado actuó fuera de su competencia y que la medida pone en riesgo la seguridad jurídica y el principio de división de poderes.
Otro de los puntos centrales del planteo es que la CGT no habría demostrado un perjuicio concreto para representar al conjunto de los trabajadores. Según la Casa Rosada, la central obrera basó su demanda en cuestionamientos generales y abstractos, sin acreditar una afectación específica derivada de la aplicación de la ley.
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— Noticias Libertarias (@Libernoticia) April 17, 2026
%u2705EL GOBIERNO PRESENTA UN "PER SALTUM" A LA CORTE Y PIDE LEVANTAR LA SUSPENSIÓN pic.twitter.com/u6cUP11I2h
Qué cambios quedaron frenados
Entre los artículos suspendidos aparecen algunos de los puntos más sensibles de la reforma laboral, como la flexibilización de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral y las limitaciones a determinadas medidas sindicales. Por eso, en el oficialismo consideran que el caso es clave para avanzar con uno de los principales ejes de su agenda económica.
El Gobierno también cuestionó supuestas irregularidades en el proceso judicial, como problemas de acceso al expediente, notificaciones incompletas y plazos que considera insuficientes. Con ese argumento, insiste en que la única salida rápida y eficaz es que la Corte Suprema tome el caso de inmediato y defina si la ley puede volver a aplicarse.

