Desde la medianoche rige un paro general de 24 horas convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral que este jueves se discute en la Cámara de Diputados. Mientras gremios del transporte, bancos, comercios y administración pública adhieren a la medida, el oficialismo intenta asegurar los votos para aprobar una iniciativa que ya llega con cambios sensibles y fuerte presión sindical.

La calle contra el recinto

La central obrera ratificó el cese de actividades con el objetivo explícito de que "no haya nadie en la calle", como señal de rechazo. Aunque se descartó una movilización masiva al Congreso, ATE y otros espacios anunciaron concentraciones frente al Palacio Legislativo, en paralelo a una jornada que impacta en trenes, subtes, vuelos, bancos y escuelas.

El Gobierno, por su parte, advirtió que descontará el día a quienes no trabajen y tensionó especialmente con los gremios del transporte. La UTA confirmó su adhesión pese a la conciliación obligatoria vigente, lo que abrió una nueva disputa con la Casa Rosada, que incluso deslizó posibles sanciones si no se garantizan servicios mínimos.

Los números y las concesiones

Dentro del Congreso, el oficialismo enfrenta una sesión que podría extenderse más de 15 horas. Tras la polémica por el artículo que modificaba las licencias médicas, el bloque libertario confirmó que será eliminado para asegurar apoyos clave y evitar que la iniciativa naufrague por falta de quórum.

Aun con esa concesión, el clima es de incertidumbre. La CGT llamó a los diputados a "tener responsabilidad política" y rechazar el texto, mientras el Ejecutivo sostiene que la modernización del régimen laboral es necesaria para dinamizar el empleo. Entre el impacto en las calles y la votación en el recinto, la jornada expone una disputa de poder que va mucho más allá de una ley puntual.