La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo esquema de acción que generó alarma entre referentes de la oposición y el periodismo. Según trascendió, el plan habilita la recopilación de información sobre personas que "generen pérdida de confianza" en las políticas oficiales, incluyendo a periodistas, dirigentes opositores y críticos del Gobierno. La Oficina del Presidente negó que haya fines persecutorios y aseguró que se busca "reconstruir el sistema de inteligencia nacional destruido por gestiones anteriores".

El plan fue acompañado por una ampliación presupuestaria de 25.250 millones de pesos, de los cuales más de 13 mil millones están destinados a gastos reservados. Estos fondos fueron asignados por decisión del presidente Javier Milei, con el respaldo del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía, Luis Caputo. Las autoridades explicaron que la medida responde a necesidades operativas y no a fines políticos.

Preocupación por posibles excesos

Aunque el Ejecutivo afirma que no habrá persecuciones, el documento habilita a intervenir en casos donde se considere que hay "distorsión de la percepción pública", incluso mediante el uso de inteligencia artificial. Esto provocó cuestionamientos de especialistas y sectores de la prensa, que advierten sobre el riesgo de limitar voces críticas.