El Gobierno volvió a encender la maquinaria legislativa en pleno verano. Con un decreto publicado de madrugada, Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero, con una agenda cerrada y un objetivo claro: acelerar las reformas estructurales antes del inicio del período ordinario.

Agenda cerrada, prioridad definida

El temario tiene un eje indiscutido: la reforma laboral. El proyecto, considerado clave por la Casa Rosada, buscará avanzar primero en el Senado a partir del 10 de febrero. La apuesta oficial es llegar a marzo con la ley sancionada o, al menos, con un camino legislativo despejado.

Junto a la reforma laboral, el Ejecutivo incluyó el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación del régimen de protección de glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la UE. Fuera de esa lista, no hay margen para incorporar nuevos temas sin una nueva convocatoria presidencial.

Lo que entra y lo que queda afuera

La selección de proyectos no es casual. Quedaron excluidas iniciativas sensibles como la regla fiscal, la reforma integral del Código Penal y el DNU sobre inteligencia, todas atravesadas por resistencias políticas y riesgos de quórum. El Gobierno prefirió achicar el menú antes que exponer una derrota parlamentaria.

Con este llamado, Milei busca sostener el envión legislativo tras un cierre de año favorable, marcado por la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Febrero aparece así como una prueba de fuego: negociar en minoría, medir aliados y confirmar si el Congreso acompaña, o frena, el ritmo que pretende imponer el oficialismo.