El presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio, que proponían mejoras en los haberes jubilatorios, la continuidad de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida fue oficializada al cumplirse el plazo constitucional de diez días hábiles.

El Gobierno argumenta razones fiscales

El Ejecutivo justificó el veto al considerar que las leyes no contaban con financiamiento adecuado y que su implementación generaría un gasto adicional del 1,68% del PBI. Además, sostuvo que hubo irregularidades en el tratamiento legislativo. El veto fue refrendado por todo el gabinete nacional.

Desde el oficialismo aseguran tener el respaldo suficiente para impedir que las cámaras reviertan la medida. Para rechazar un veto presidencial, se requiere una mayoría de dos tercios de los presentes en ambas cámaras, un número que, según estiman, la oposición no alcanzaría.

Clima de negociación con las provincias

Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene conversaciones con gobernadores para avanzar con reformas fiscales y la redistribución de fondos. En la próxima sesión, el Congreso también tratará temas sensibles como el financiamiento universitario, el Hospital Garrahan y el funcionamiento de organismos públicos.

La decisión del Gobierno se inscribe en su compromiso de mantener el equilibrio fiscal. Aunque el debate seguirá en el Congreso, el Ejecutivo apuesta a que los vetos se mantendrán firmes, sin necesidad de nuevos ajustes ni concesiones.