Este lunes, la jueza Loretta Preska definirá si le concede a la Argentina la suspensión del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF. El pedido se enmarca en el juicio por la expropiación de la petrolera y forma parte del proceso de apelación ya iniciado por el Gobierno nacional.

La defensa argentina presentó su apelación el jueves ante la Cámara del Segundo Circuito. Entre los argumentos, sostiene que el fallo viola la ley federal estadounidense y la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Incluso cita el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. durante la gestión Trump como un punto a favor.

Un fallo que no es definitivo

Preska debe resolver si suspende o no la ejecución mientras la causa avanza en tribunales superiores. Si no concede el pedido, la Argentina podría exponerse a sanciones económicas o embargos, algo que los abogados locales intentan evitar a toda costa.

El país también advirtió que el cumplimiento del fallo violaría la legislación nacional. Para entregar las acciones, se necesitaría una ley del Congreso aprobada por dos tercios, como establece la norma de expropiación de 2012. Cualquier otra vía sería inconstitucional, según la defensa.

Además del daño institucional, el Gobierno alertó sobre el impacto a terceros no involucrados, como bonistas o provincias. Mientras tanto, YPF sigue fuera del juicio y su CEO, Horacio Marín, se mantiene al margen. La decisión de Preska no cierra el caso, pero puede definir el tono del final.