La disputa entre la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. El juez federal Pablo Quirós resolvió hacer lugar al recurso de amparo presentado por la entidad y ordenó suspender de manera transitoria los efectos de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura.

La polémica entre la Coviar y el Gobierno

La norma impulsada por el Ejecutivo eliminaba las contribuciones obligatorias que sostienen el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y los programas de promoción previstos en la Ley 25.849. Si bien no disolvía formalmente a Coviar, le quitaba su principal fuente de financiamiento al dejar sin efecto los aportes realizados por bodegas y establecimientos del sector.

En su fallo, el magistrado también dispuso que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) intime a aquellos establecimientos que no estén cumpliendo con las contribuciones establecidas por la legislación vigente, mientras se resuelve la cuestión de fondo en la Justicia.

Desde Coviar destacaron la decisión judicial y señalaron que continuarán trabajando con normalidad, tal como lo vienen haciendo hasta el momento. La entidad considera que la resolución del Gobierno afectaba herramientas clave para la planificación y promoción de la industria vitivinícola argentina.

La medida cautelar representa un revés para la estrategia del Ejecutivo nacional y garantiza, al menos de manera provisoria, la continuidad del esquema de financiamiento del sector. Ahora, la disputa seguirá su curso en los tribunales, donde deberá definirse la validez definitiva de la resolución cuestionada.