A contrarreloj y a días de una sesión clave, el Gobierno resolvió frenar el avance del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que había ingresado al Congreso y reemplazarlo por otro con cambios sustanciales. La principal modificación es la edad de imputabilidad: será desde los 14 años y no desde los 13, como establecía la iniciativa original.

La decisión se tomó luego de advertir que el texto enviado no reflejaba el consenso alcanzado con sectores dialoguistas de la oposición. Desde el oficialismo admitieron el error y confirmaron que el nuevo proyecto será girado de inmediato a comisiones. "Hubo una desinteligencia", reconoció una fuente parlamentaria, al tiempo que ratificó la intención de dictaminar y sesionar en los próximos días.

¿Cómo será el camino legislativo del nuevo proyecto?

El cronograma prevé la conformación de las comisiones clave -Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Legislación Penal y Presupuesto- para tratar la propuesta en conjunto. El objetivo del oficialismo es obtener dictamen esta semana y llevar el debate al recinto de Diputados antes del fin de semana, con respaldo de aliados como el PRO y la UCR, que ya habían fijado postura en torno a la edad de 14 años.

Además del cambio central, el nuevo texto incorpora precisiones presupuestarias. La iniciativa asigna más de 23.700 millones de pesos para poner en marcha el régimen, con partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, y habilita convenios entre Nación y provincias para financiar infraestructura específica.

En cuanto al contenido penal, el proyecto mantiene un esquema diferenciado del régimen adulto: fija una pena máxima de 15 años para delitos graves y descarta la prisión perpetua. Prioriza medidas de resocialización, limita la privación de libertad a casos extremos y propone sanciones alternativas para delitos menores, junto con institutos especializados que garanticen educación, salud y asistencia integral, sin contacto con detenidos adultos.