El presidente Javier Milei oficializó este jueves el veto a la ley que establecía un reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. La norma, sancionada en el Congreso con apoyo opositor, limitaba la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de esos fondos. El decreto ya fue girado al Senado, que deberá definir si insiste con la norma.

La decisión llegó en un momento delicado para la Casa Rosada, que buscaba tender puentes con los gobernadores tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El gesto, sin embargo, fue leído como una contradicción frente a la convocatoria al diálogo. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, había prometido "reconstruir la confianza", pero el veto complica ese objetivo.

Los gobernadores preparan respuesta

Los mandatarios provinciales, nucleados en el espacio de Provincias Unidas, volverán a mostrarse juntos este viernes en la Expo Rural de Río Cuarto. La foto, encabezada por Juan Schiaretti y Martín Llaryora, incluirá a dirigentes de Santa Fe, Corrientes y Jujuy, entre otros. La expectativa está puesta en un mensaje común que apunte contra la Casa Rosada y reclame reglas claras para los ATN.

En paralelo, la estrategia de los gobernadores será insistir en el Congreso. Si logran los dos tercios en el Senado, podrán dejar sin efecto el veto presidencial. Aunque ese escenario aparece complejo, la jugada busca exponer el aislamiento del oficialismo y reforzar la presión política. Para los mandatarios, el debate no es solo fiscal: se trata también de mostrar que el equilibrio federal no puede quedar sujeto al humor discrecional del Ejecutivo.

El trasfondo es más amplio: los jefes provinciales exigen certidumbre financiera en un contexto de economías regionales en crisis y una recaudación que no alcanza. En ese escenario, el veto se convierte en un nuevo campo de disputa que definirá el rumbo de la relación entre la Nación y las provincias en los próximos meses.