El Tribunal Oral Federal 2 avanzó con el decomiso de 122 bienes inmuebles y activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y empresarios condenados en la causa Vialidad. La actualización pericial fijó el monto en $684.990 millones, cifra que ahora deberá cubrirse con la ejecución y posterior subasta de esas propiedades. La Corte Suprema quedó a cargo de administrar todo el proceso.

Qué bienes serán ejecutados

La lista incluye inmuebles de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., y Loscalzo y Del Curto, junto a propiedades registradas a nombre de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Entre los bienes específicos aparecen el inmueble del Departamento III Lago Argentino (Avenida 17 de Octubre al 800, 6.001 m²), las diez unidades de Mitre al 500 en Río Gallegos, otro inmueble en 25 de Mayo al 200 y una propiedad sobre Presidente Néstor Kirchner al 400.

También se decomisarán los lotes donde se levantó el Complejo Hotel Los Sauces, adquiridos entre 2002 y 2007, y dos parcelas de gran tamaño en El Calafate: una de 44.106 m² y otra de 87.046 m², ambas con alto valor catastral. El inventario incorpora además terrenos, departamentos y hoteles distribuidos entre Santa Cruz, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, sumados a múltiples activos del empresario Lázaro Báez.

Propiedades adicionales y responsables

Si estos bienes no alcanzaran para cubrir el monto actualizado, la resolución habilita a ejecutar activos de Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. Todos fueron señalados como beneficiarios o partícipes en el circuito de obra pública que el tribunal determinó fraudulento. La Fiscalía podrá seguir incorporando nuevos bienes si detecta otros inmuebles vinculados a la maniobra.

Qué viene ahora

En las próximas semanas se iniciará la tasación e inventario formal para luego avanzar a la subasta pública. El destino de lo recaudado quedará bajo decisión del TOF2, con un objetivo central: reparar el daño causado al Estado. El capítulo abre una fase inédita en la causa Vialidad: la liquidación completa del patrimonio construido -según la sentencia- mediante contratos irregulares y beneficios económicos encubiertos.