El gobierno de Javier Milei formalizó este jueves la apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska. La misma había ordenado al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de la indemnización a los fondos Burford y Eton Capital, demandantes en la causa por la estatización de la petrolera realizada en 2012.

La apelación del gobierno argentino

La presentación judicial busca revertir las consecuencias de la sentencia dictada en 2023, que fijó una compensación de US$16.100 millones más intereses. Loretta Preska había determinado que el Estado debía cumplir con la entrega de las acciones en un plazo de 14 días, que vence el próximo lunes 14 de julio.

Días antes, los abogados del Estado argentino ya habían intentado suspender la aplicación del fallo al advertir que su cumplimiento generaría un "daño irreparable" para el país. Ese escrito fue presentado como una medida cautelar ante la misma jueza Preska, quien no modificó su resolución. Por eso, la apelación aparece como el último recurso para evitar un impacto directo sobre el control estatal de YPF.

En paralelo, los fondos demandantes también presentarán su apelación, pero con un objetivo opuesto: buscan que la justicia estadounidense no solo condene al Estado argentino, sino que también incluya a YPF como parte responsable en la causa. Ahora, la jueza Preska deberá definir qué pasa con la petrolera en medio de una fuerte tensión.