El Gobierno limitó el acceso público a la información gubernamental mediante un decreto que otorga al Ejecutivo la facultad de determinar qué datos son de interés público. Varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Poder Ciudadano y el CELS, expresaron su preocupación. 

La normativa redefine "información pública" y añade requisitos para solicitar datos al Estado, permitiendo a las autoridades negar pedidos relacionados con asuntos personales de los funcionarios. 

Datos como gastos en viajes presidenciales, los alimentos por vencer retenidos en comedores, y la salida de reservas de oro fueron conocidos gracias a pedidos previos de acceso a la información.