La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La exmandataria fue hallada culpable de administrar fraudulentamente fondos públicos en el otorgamiento de obras viales a Lázaro Báez durante su gobierno.

A pesar de la firmeza de la condena, un artículo poco mencionado del Código Penal podría abrirle una puerta legal para recuperar sus derechos políticos en el futuro. Se trata del artículo 20 ter, que establece que las penas de inhabilitación, incluso las perpetuas, pueden cesar tras cinco años de cumplimiento, si el condenado demuestra buena conducta, repara los daños ocasionados y no vuelve a delinquir.

Según juristas consultados, Cristina podría pedir su rehabilitación a partir del año 2030. La decisión quedaría en manos de un juez de ejecución penal, quien deberá evaluar si se cumplen todos los requisitos legales. Entre ellos, sería clave demostrar una reparación efectiva del perjuicio económico ocasionado al Estado, que en la causa fue estimado en más de 5.300 millones de pesos.

Un antecedente cercano refuerza esta posibilidad: hace pocas semanas, la Cámara de Casación rehabilitó a un exfuncionario vinculado a María Julia Alsogaray, quien también tenía una inhabilitación perpetua. Si bien el contexto judicial es distinto, la aplicación del artículo 20 ter muestra que su uso no es solo teórico.

Mientras tanto, el expediente volverá al Tribunal Oral Federal Nº2, donde el juez Jorge Gorini deberá establecer el régimen de cumplimiento de la pena. Dado que Cristina Kirchner tiene 72 años, podría acceder a la prisión domiciliaria. Ella, por su parte, respondió con desafío tras el fallo: "Estar presa es un certificado de dignidad".

La posibilidad de que Cristina vuelva a ser candidata no está del todo cerrada. Aunque la condena es firme, el artículo 20 ter abre una vía legal que podría habilitarla a competir nuevamente en elecciones, siempre que cumpla los requisitos judiciales y económicos exigidos. En ese escenario, 2030 podría marcar un nuevo capítulo en la historia política argentina.